En condiciones de crisis, la concesión de asistencia social y el pago de prestaciones de seguridad a los trabajadores desempleados y otros beneficiarios vulnerables actúan como estabilizadores sociales y económicos. Esto no sólo impide que las personas caigan aún más en la pobreza, sino que también limita la caída de la demanda agregada, reduciendo así las posibilidades de que se agrave la recesión.

Una posible solución es mejorar los programas de transferencias monetarias de la asistencia social, ampliar las condiciones de elegibilidad y aumentar los importes de las prestaciones de los regímenes de seguridad social existentes o introducir nuevos regímenes, como los de garantía de empleo. Aunque los programas de transferencias monetarias pueden incluir apoyos para hacer frente a los efectos de la crisis a corto plazo, como la pobreza y la inseguridad, las transferencias sociales son más valiosas como componente sistémico de una estrategia nacional general de reducción de la pobreza. La crisis asiática de los años 90 ha demostrado que el fortalecimiento de un sistema de seguridad social básica también permite encarar mejor una crisis nacional.

En particular, en los países que actualmente carecen de sólidos programas de seguridad social y de apoyo a los ingresos, un paquete básico de transferencias sociales financiadas por el Estado ¿ como parte de un piso social más amplio ¿ mitigaría las consecuencias negativas de la pobreza causadas por la crisis al mismo tiempo que aportaría un estímulo importante a la economía.

En el marco de su Campaña sobre la seguridad social y cobertura para todos, y como parte de su mandato constitucional para promover la extensión de la seguridad social para todos, la OIT está promoviendo un paquete básico y modesto de transferencias sociales esenciales que puedan asegurar:

• el acceso universal a los servicios básicos de salud para todos los residentes;
• la garantía de ingresos para todos los niños a través de prestaciones por hijos a cargo;
• un apoyo modesto a los ingresos para los pobres en edad activa combinado con garantías de empleo a través de programas de obras públicas; y
• la garantía de ingresos a través de pensiones financiadas por los impuestos para las personas de edad avanzada, los discapacitados y las personas que han perdido al principal sostén de la familia.

Nuestros actuarios y economistas han demostrado que ese conjunto de garantías mínimas es asequible al menos parcialmente en casi todos los países.

En un estudio de costes de la OIT de 12 países en desarrollo se estima que el coste anual bruto inicial del paquete básico general de protección social (sin contar el acceso a la atención básica de salud que, en cierta medida, ya es financiada) oscila entre el 2,3% y el 5,5% del PIB en 2010. Algunos elementos individuales parecen ser aún más asequibles. Por ejemplo, se estima que el coste anual de provisión de pensiones básicas universales de vejez e invalidez en 2010 está entre el 0,6% y el 1,5% del PIB en los países considerados.

En algunos países se puede además requerir un esfuerzo conjunto entre los países de bajos ingresos y la comunidad donante internacional durante un período de transición. Aún así, incluso los países de bajos ingresos pueden aumentar los recursos internos o reasignar algunos de sus recursos existentes en el próximo decenio.

	Enlaces rápidos
	Las pensiones y la crisis Respuestas nacionales e internacionales a la crisis Brechas en la cobertura Desafíos para los países de bajos ingresos