Más del 75% de la población mundial carece de garantías sociales que le permitan enfrentar los riesgos de la vida. Garantizar un piso de protección social a las personas más necesitadas, quienes en su mayoría luchan por sobrevivir, es una prioridad.

Ha sido ampliamente probado que la protección social contribuye al crecimiento económico al incrementar la productividad laboral y al afianzar la estabilidad social. Invertir en un piso de protección social significa invertir en la justicia social y el desarrollo económico. Si bien asegurar a la población mundial un piso de protección social es un gran reto, los estudios realizados por varios organismos de la ONU muestran que un piso básico de transferencias sociales a nivel mundial es asequible financieramente en casi cualquier etapa del desarrollo económico de los países, aun cuando los fondos no están aún disponibles en todas partes.

	Origen y fundamento del "piso"
	Concepto del "piso"
	Participantes
	Factibilidad
	Implementación
	Ejemplos de países

La actual crisis financiera y económica tendrá efectos graves en el ámbito social, de la salud, en el hambre y la educación si no se lleva a cabo una acción determinante. En tiempos de crisis los ingresos por transferencias, en particular la asistencia social y las prestaciones de seguridad social, actúan como estabilizadores económicos. Las prestaciones y el acceso garantizado a los servicios no solo impiden que la gente se empobrezca más sino que también limitan la contracción de la demanda agregada, reduciendo así la posibilidad de llegar a una profunda recesión. Con todo, entre el 75 y el 80% de la población mundial aún carece de un conjunto de garantías sociales que le permitan hacer frente a los riesgos de la vida… Existe pues la necesidad de un piso de protección social por debajo del cual nadie debería caer. La comunidad internacional debería contribuir a desarrollar ese piso para que las personas estén protegidas no solo durante la crisis sino también después.

En abril de 2009 la Junta de Jefes Ejecutivos del Sistema de Naciones Unidas para la Coordinación lanzó así el concepto de piso de protección social como una de las nueve iniciativas conjuntas para luchar contra la crisis mundial. El informe "The global financial crisis and its impact on the work of the UN system" da un panorama de cada una de las iniciativas.

El piso de protección social tiene una base jurídica: varios artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos enuncian el derecho a la seguridad social (Art. 22); el derecho a la educación (Art. 26); el derecho a la salud y al bienestar, el cual incluye la alimentación, la vivienda, la atención médica y otros servicios sociales (Art. 25). 

El piso de protección social abarca un conjunto de derechos sociales, infraestructuras y servicios básicos de los cuales deberían beneficiarse todos los ciudadanos del mundo. El piso ha de concebirse como la obligación fundamental de velar por la realización de un nivel mínimo elemental de esos derechos, consagrados en los tratados de los derechos humanos. El piso de protección social consistiría en dos elementos principales que pueden contribuir al ejercicio efectivo de esos derechos:

1. Asegurar la disponibilidad, la continuidad y la accesibilidad geográfica y financiera de servicios esenciales tales como agua potable, saneamiento, alimentos y nutrición adecuada, salud, educación, vivienda y otros servicios sociales relativos a seguros de vida y ahorro.
   
    
2. Asegurar la demanda efectiva mediante la garantía de un conjunto básico de transferencias sociales, en metálico o en especie, que brinde un ingreso y medios de subsistencia mínimos a la población pobre y vulnerable y que facilite el acceso a los servicios esenciales. Esto incluye transferencias sociales (además de información, derechos y políticas) destinadas a los niños, a las personas en edad activa con ingresos insuficientes y a las personas de edad avanzada.

El piso de protección social promueve una visión de conjunto y coherente de los sistemas nacionales de protección social como un elemento clave de las estrategias nacionales de desarrollo. Tiene por objetivo apoyar a los países para que identifiquen y cubran las brechas críticas de protección social mediante estrategias coherentes y eficaces a fin de maximizar los efectos de los escasos recursos para reducir la pobreza y la inseguridad así como asegurar “un acceso garantizado” a los servicios esenciales y las transferencias sociales.

 Las interrelaciones entre servicios y medios para garantizar el acceso efectivo, incluidas las transferencias sociales se describen en la siguiente matriz.